-Por el Dr. Juan Pablo Chiesa-
La asunción del presidente electo, Alberto Fernández, viene de la mano de uno de los acuerdos tripartitos de mayor inserción en materia de empleo, producción y trabajo.
EL gobierno saliente deja 40% clandestinidad laboral, esto es, 4.5 millones de argentinos que trabajan en negro. Ahora bien, el verdadero camino para combatir el empleo en negro sin alterar el espíritu “protectorio” de la Ley de Contrato de Trabajo, es eliminar el temor de las empresas a emplear trabajadores sin que ello culmine en un endeudamiento, debido al alto impuesto al trabajo y a la presión fiscal, ya que las cargas sociales son las que ocasionan el principal problema del empleo en la Pymes.
Este acuerdo, que será enviado por el presidente electo a la Cámara Baja en facultades extraordinarias, versará sobre tres ejes pendientes de la administración saliente.
El primer aspecto, Impositivo, impulsado por la UIA y la mayoría de las Cámaras Empresarias, apunta a los semblantes impositivos dentro de las Pymes.
Estos puntos contemplan:
- Extinguir la acción penal del régimen penal tributario Ley Nº 24.769 la Liberación de las infracciones, multas y sanciones, firmes o no, siempre que estén impagas o incumplidas de las siguientes normas: Ley de Procedimiento Fiscal N°11.683; Ley de Fiscalización del Régimen Jubilatorio N°17.250; Ley de Riesgo del Trabajo N°24.557; Ley de Recursos de la Seguridad Social N°24.769 y Ley de Infracciones Laborales N°25.212.
- Se produce la baja del REPSAL, el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, previstas en la Ley N°26.940, respecto de infracciones cometidas o constatadas hasta la entrada en vigencia de la ley, siempre y cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se encuentra publicado y pague, de corresponder, la multa
- Condonación de la deuda de capital e intereses: Cuando su origen sea de aportes y contribuciones destinada a la seguridad social, incluido, las obligaciones a la obra social. Todo el Sistema S.I.P.A. (Sistema Integrado Previsional Argentino) que comprende;
- Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
- Régimen Nacional de Obras Sociales.
- Régimen Nacional del Seguro de Salud.
- Fondo Nacional de Empleo.
- Sistema integrado de prestaciones por desempleo para los trabajadores comprendidos en el régimen nacional de la Industria de la construcción.
- Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.
- Régimen Nacional de Asignaciones Familiares.
- Prestación por Desempleo.
- Las empresas tendrán un determinado plazo para efectivizar el blanqueo a sus relaciones laborales y a su vez, estas tendrán una condonación porcentual de la deuda de los trabajadores.
- El proyecto prevé una abstención por parte de AFIP para labrar actas de infracción o determinaciones de oficio en deudas a la seguridad social en los periodos comprendidos en la regularización correspondiente.
En concreto, el proyecto establece que podrán regularizarse las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley.
El segundo aspecto, Previsional, impulsado por la CGT y los sindicatos, reside en posicionar el incremento de los básicos convencionales en umbrales que recuperen los salarios su poder de compra y “poner dinero en el bolsillo de la gente” reactivando el consumo y combatiendo el empleo clandestino con el plan “blanqueo laboral”. Este blanqueo pretende beneficiar a los empleadores que regularicen a sus dependientes, alivianando el costo laboral y la presión fiscal en materia impositiva. A su vez, le reconoce al empleado no registrado, aportes y contribuciones de los periodos que trabajó en la clandestinidad. Estos podrán computar su tiempo de servicios en la clandestinidad para sus con aportes a los fines previsionales. El blanqueo laboral no trasciende por la modificación de las leyes laborales, pues el proyecto de ley pasa por la flexibilización en materia de generar más empleo evitando el estrangulamiento de las empresas a la hora de contratar personal. El proyecto mediante el blanqueo laboral, significaría que las empresas puedan generar empleo genuino que no sea una carga impositiva y no las comprometa a un futuro de endeudamiento y problemas legales. El problema no solo reside en el costo laboral, sino también en el bajo financiamiento para la adquisición de bienes productivos, los impuestos, la debilidad de la operatividad de la ley y la baja de consumo, todas estas variables negativas caminan en la misma vereda a contramano de las pequeñas y medianas empresas.
El tercer aspecto tiene su eje en la colosal litigiosidad en materia de relaciones individuales de trabajo y en accidente laborales mediante el sistema inconstitucional de la ley de riesgos. El año 2019 cierra la justicia del trabajo con más de 20 mil expedientes judiciales individuales en materia de relación de trabajo y más de 30 mil en siniestros del trabajo. Estos índices deben tener una regulación más estricta en materia de conciliación laboral teniendo en cuenta que la tasa anual en juicios laborales es del 80% y los costos en los litigios estrangulan a las Pymes y deterioran la filosofía de los trabajadores. La reducción de la litigiosidad mediante métodos conciliatorios más amplios reduciría las expectativas en materia de trabajo y producción
Los especialistas creemos que es momento de impulsar un plan de blanqueo laboral mediante el consenso de todos los sectores involucrados en el trabajo sin tocar las Ley de Contrato de Trabajo ni avasallar ningún derecho laboral. El crecimiento de la productividad es el resultado de la inversión y la innovación, pero éstas realmente son fructíferas con la generación de empleo y no solo modificando leyes. En tal sentido, lo que falla es la operatividad y no la letra misma de la norma. Es muy necesario este consenso y adecuación a las leyes laborales que tome de guía las reglas para potenciar el empleo y generar oportunidades en las empresas desde lo operativo y sistémico.
