Una decisión con perspectiva de género. Democratización de las relaciones familiares y modificaciones en el régimen de comunicación en tiempos de COVID-19

-Por la Dra. María Florencia Durá-

  “La emancipación de la mujer no es posible sino cuando ésta puede tomar parte en vasta escala en la producción social, y el trabajo doméstico no la ocupe sino un tiempo insignificante.”  Simone de Beauvoir.

  1. Introducción

En virtud de la declaración del coronavirus como una pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y a fin de resguardar la salud pública y al ser la única medida razonable ante el riesgo sanitario, el Poder Ejecutivo Nacional estableció mediante el Decreto Nro. 297/2020[1] en nuestro país el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), posteriormente prorrogado por los Decretos Nros. 325/2020[2], 355/2020[3], 408/2020[4] y hoy vigente según lo dispuesto en el Decreto Nro.459/2020[5], obligando a todas las personas que se encuentren en territorio nacional a permanecer en sus residencias y estableciendo la prohibición de circular libremente.

Con el fin de aclarar las dudas generadas en relación a la situación de los menores de padres no convivientes,  el Ministerio de Desarrollo Social dictó la Resolución Nro.132/2020[6] en la cual establecía de manera taxativa 3 excepciones al ASPO, ya previstas en el Decreto, las mismas tenían lugar cuando el niño, niña o adolescente se encuentre al momento de dictarse la medida en un lugar que no es su centro de vida, por motivos de salud, o cuando el progenitor que está a cargo deba ausentarse del domicilio por motivos laborales, de asistencia a un tercero o fuerza mayor.

Esto trajo aparejado diversos planteos presentados ante tribunales, a los pocos días de dictarse el ASPO, de progenitores que solicitaban la habilitación del asueto judicial a fin de que el juez resuelva sobre la intención de continuar cumpliendo los acuerdos de régimen de comunicación,a los cuales no se les hizo lugar.[7]

  1. Modificaciones

El primero de mayo del corriente año se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Decisión Administrativa Nro. 703/2020[8] que incorpora al listado de excepciones vigentes a la restricción de la libertad ambulatoria el traslado de niños, niñas y adolescentes al domicilio del progenitor no conviviente o referente afectivo, debiéndose realizar con una frecuencia espaciada de siete días.

Se trata en un inciso separado a las familias monoparentales, lo que resulta redundante al resolverse de la misma manera que para las familias pluriparentales ya que en ambos casos se permite trasladar a los menores al domicilio de un referente afectivo.

Asimismo, ordena la persona que realice el traslado a portar completa la declaración jurada aprobada por la Resolución Nro. 132/20 del Ministerio de Desarrollo Social.

  1. Fundamento

En primer lugar, se debe tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la declaración del ASPO y las posteriores prórrogas del mismo, tiempo que resulta fundamental para el caso de los niños que están forjando sus relaciones con sus progenitores y referentes afectivos, que se consideran como el primer agente de socialización.

Esta modificación, también, se vio motivada por la obligación que asumen los estados de respetar el derecho del niño, niña o adolescente al mantenimiento de una relación personal y directa entre el menor y su progenitor no conviviente, establecida en el Art. Nro. 9 de la Convención de Derechos del Niño[9], obligación que a mi criterio se encontraba saldada al constreñir la Resolución Nro. 132/2020 a los progenitores convivientes con el menor a garantizar el contacto con el otro progenitor por medios electrónicos por el tiempo que dure el aislamiento, teniendo en cuenta la actual masificación del uso de la tecnología informática que facilita el contacto no presencial,el estado de excepción en que nos encontramos y en miras a garantizar el interés superior del niño. Sin embargo, se presentaban problemas por ejemplo, en el caso de los menores de 5 años, ya que se muchas veces no resultaba positivo el contacto por medios electrónicos y a esta edad es necesaria la interacción de manera presencial.

Otro fundamento vertido fue en lo que respecta a la titularidad de la responsabilidad parental, que se encuentra regulada en el Art. Nro. 18 Inc. 1 de la mentada Convención y en el Art. Nro. 638 del Código Civil y Comercial de la Nación[10] y que ordena que ambos progenitores tienen obligaciones en la crianza y cuidado de los menores.

En contraposición al ya derogado Código Civil, que entendía al menor como objeto, sujeto a la patria potestad, figura que hace referencia al pater familia, que se concibe desde una concepción patriarcal de la familia y de la sociedad, el actual Código reconoce la autonomía progresiva del menor, entendiendo que estos adquieren aptitudes de manera gradual, considerándolo como sujeto de derecho y no como objeto y asumiendo los padres una función de cuidado, orientación y acompañamiento, en contraposición a la idea de poder o posesión.

El ejercicio de la responsabilidad parental regulado en el Art. Nro. 641 de nuestro Código corresponde en líneas generales a ambos progenitores, con las excepciones mencionadas en el mismo.

Por su parte el Art. Nro. 648 regula lo relativo al cuidado personal que se refiere a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo, con sus respectivas modalidades especificadas en los artículos siguientes.

Sin embargo, el fundamento que cobra mayor relevancia, en el texto de la disposición es el que determina que se adopta esta decisión “en pos de alcanzar la igualdad de género, es un objetivo de este gobierno promover la corresponsabilidad social y familiar de los cuidados, visibilizando el trabajo y la responsabilidad que ello implica, así como la diversidad de familias que lo llevan adelante.

Que una distribución equitativa del trabajo de cuidado de niñas, niños y adolescentes reduce la desigualdad de géneros y aporta al bienestar de la sociedad.”

En primer lugar, debe resaltarse que el cuidado de las personas a cargo, sean estos menores, enfermos o adultos mayores debe ser considerado como un trabajo.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que este trabajo históricamente recae sobre las mujeres.

Por último, debe considerarse que esta decisión promueve la corresponsabilidad, en consonancia con lo establecido en el Código Civil y Comercial, anteriormente mencionado, en  referencia al cuidado de los menores y su ejercicio.

En “El origen de la familia la propiedad privada y el Estado”[11], Engels, explica desde la Edad de Piedra, la división primitiva del trabajo, siendo esta por sexo, constituyendo dos clases y  cómo esto influye en la concepción de la mujer como ama de casa.

Posteriormente, aparece el concepto de propiedad privada, y la mujer es considerada como propiedad del hombre. La transmisión de dominio se produce de padre a hijo y así surge la familia patriarcal fundada en la propiedad privada. Luego, con la inclusión de la mujer al mercado laboral, esta división se mantuvo, aunque esta disponía de menos tiempo para las tareas domésticas.

En el año 2013 el Instituto Nacional de Encuestas y Censos (INDEC) realizó una encuesta[12] sobre 26.435.009 personas que cuentan al momento de realizarse la misma con 18 años o más de edad, residentes en hogares particulares de localidades de 2.000 o más habitantes de todo el territorio nacional, que entre sus objetivos se encuentra el de medir las desigualdades de género en la división de trabajo en el hogar. Entre otros aspectos cuantifica las horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, que está compuesto por todo trabajo realizado en el hogar, entendido este como las distintas tareas llevadas a cabo por los miembros de la familia, de manera diaria para el mantenimiento del hogar, entre ellas el cuidado de personas a cargo ya sean adultos mayores, niños o personas enfermas, incluyendo el tiempo dedicado a el aprendizaje.

Como resultado de esta encuesta se puede mencionar que a nivel nacional la mayor tasa de participación en el trabajo doméstico no remunerado corresponde a las mujeres con un 88,9, mientras que la tasa de participación de los hombres es de 57,9. Incluido dentro de este, la tasa de participación de las mujeres en el cuidado de las personas es de 31,1 y de los hombres 16, 8.

El tiempo dedicado a las tareas domésticas de las mujeres es casi el doble que los hombres, ya que el tiempo promedio, medido en horas por día, que dedican las mujeres es 6,4 y en cambio los hombres dedican 3,4. Sobre el cuidado de personas se puede observar los mismos resultados, las mujeres dedican en promedio 6,0 y por su lado, los hombres 3,8. Es menester aclarar, que hasta el día de hoy la encuesta mencionada ut supra es la última medición realizada por el organismo sobre el tema.

Posteriormente, en el año 2015 la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo elaboró el documento de trabajo Nro. 9 en el cual analiza estos índices, y versa sobre la economía de trabajo y el uso del tiempo[13] , plantea el problema de la pobreza del mismo, principalmente en el caso de las mujeres.

Los modelos de organización familiar en los que el hombre era el jefe de familia o pater, resultan anacrónicos, ya que hoy en día ambos miembros de la familia trabajan.

El trabajo doméstico, especialmente el trabajo de cuidado, contribuye al sostenimiento del país, el cual debe ser realizado de manera equitativa saldando las desigualdades sociales que existen entre hombres y mujeres.

Por su parte, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) dice: “el cuidado es indispensable para sostener las condiciones del desarrollo social y económico de los países, y en buena parte del mundo recae sobre las mujeres hacerse cargo de esas tareas de forma no remunerada.”[14]

Recomienda reconocer socialmente el valor del cuidado,y explica que para ello es necesario realizar de manera periódica encuestas del uso del tiempo, incluir el trabajo no remunerado en las cuentas nacionales, realizar estudios que midan el impacto del cuidado en las capacidades de las personas y considerar los años de crianza como aporte a la seguridad social.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer[15] en su Art. N° 5 se refiere a esta problemática y obliga a los estados a tomar las medidas necesarias para: “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres y garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.”

  1. Conclusión

Teniendo en cuenta lo desarrollado precedentemente y considerando el tema planteado una cuestión de suma actualidad y de gran amplitud para investigar, en lo que respecta a la decisión administrativa, entiendo que esta fue tomada, en cumplimiento con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promoviendo desde el Estado la igualdad de género incluso en contextos particularmente delicados como es el que está atravesando actualmente la sociedad.

El hecho de haber resuelto una medida administrativa de gobierno en tiempos de crisis y de excepción, con una clara perspectiva de género, nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de tomar medidas con dicha perspectiva en todo momento, no solo  en los ámbitos gubernamentales y actos de gobierno, sino también y sobretodo en la sociedad civil, quedando abarcado toda organización e institución que la compone, a fin de lograr una sociedad más justa y menos desigual.


Notas:

[1] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320

[2] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335974/norma.htm

[3] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227694/20200411

[4] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228261/20200426

[5] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228958/20200511

[6] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227094/20200321

[7] Vease: L. A. H.E. c. S. M., S. s/ medidas protectorias, Juzgado de Familia N° 4, San Isidro.

L.G.O. C/ G.M.D.L.A. S/ régimen comunicacional,Juzgado en lo Civil y Comercial Común, Familia y Sucesiones, Documentos y Locaciones y Laboral.

Z., A. vs. M., P. E. s. Denuncia por violencia familiar, Cámara Nacional Civil, Sala C.

[8] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/228520/20200502

[9] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm

[10] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm

[11] El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado,  Friedrich Engels.

[12] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/tnr_07_14.pdf

[13] https://www.economia.gob.ar/peconomica/basehome/DT_09_uso-del-tiempo_03.pdf

[14] https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/02/Documento-de-posicionamiento-Cuidados.pdf

[15] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm


Referencias de la autora:

Dra. María Florencia Durá: Abogada UBA. Actualmente desempeña funciones en la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Justicia y Seguridad CABA y brinda asesoramiento jurídico ad honorem en Barrio Soldati.