La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), a partir de un planteo efectuado por Guillermo Todarello, defensor público oficial y co-titular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN) y por Francisco Mugnolo, titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), recomendó a los tribunales inferiores otorgar medidas alternativas a la cárcel. Mediante la Acordada 9/2020, la máxima autoridad del país en materia penal consideró la doble situación de emergencia actual: la sanitaria, declarada por la pandemia de coronavirus, y la producida por el hacinamiento general que se registra en las cárceles federales “fruto del hiperencarcelamiento”.
La disposición fue adoptada con el objetivo de reducir la población carcelaria “a fin de inhibir, en la mayor medida posible, el riesgo existente para la salud e integridad física de las personas privadas de su libertad y también del propio personal penitenciario”, frente al Covid-19.
De esta forma, las y los camaristas recomendaron a los tribunales inferiores medias alternativas a la cárcel, principalmente el otorgamiento de prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que correspondan, respecto de personas que se encuentren con prisión preventiva por “delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo, o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos previstos en la Ley 24390, en relación a los hechos imputados y tomando en cuenta las características de cada proceso”.
Esta medida también es extensiva a personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta, así como a personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión y a personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional (siempre que cumplan con los demás requisitos).
La Cámara recomendó, además, otorgar la prisión domiciliaria a mujeres embarazadas y/o detenidas con sus hijos/as; a personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidad que puedan estar expuestas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del Covid-19, y a personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH.
Las evaluaciones en cada caso “deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados”, indicó la Cámara.
El más alto tribunal penal federal consideró, por último, que se debe “meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves”, como los de lesa humanidad y los delitos violentos.
La Acordada lleva las firmas de Ángela Ledesma, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani, y Javier Carbajo. Por su parte, Ana María Figueroa emitió un voto propio parcialmente disidente, mientras que Liliana Catucci y Eduardo Riggi votaron en disidencia.
Fuente: Defensoría General de la Nación
