La justicia de Córdoba implementó una sala de videoconferencias para comunicarse con personas privadas de libertad

Este sistema de comunicación permite reducir los traslados a tribunales desde las unidades carcelarias y facilita el contacto permanente entre detenidos y autoridades judiciales.

 

Desde el 10 de junio de 2015 los Tribunales II de Córdoba contarán con una sala de videoconferencias que será utilizada para que las autoridades judiciales (jueces, fiscales, asesores letrados y otros funcionarios judiciales) puedan mantener entrevistas remotas con personas privadas de la libertad, desde su lugar de alojamiento y, de esta forma, tomar contacto de la situación procesal de sus causas. A tal fin, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictó previamente un acuerdo estableciendo un protocolo de actuación para la correcta utilización de la nueva forma de comunicación (Ac. 1281/15).

El sistema será implementado en forma gradual y paulatina. La primera unidad carcelaria que contará con esta herramienta de comunicación será el Establecimiento Penitenciario Nº 2 (Bouwer).

Este sistema interactivo de comunicación que permite transmitir en forma simultánea y en tiempo real imagen, sonidos y datos a distancia entre uno o más sitios geográficamente distantes se pone en marcha en virtud de un acuerdo de cooperación establecido entre el TSJ, el Ministerio de Justicia de la Provincia y el Servicio Penitenciario de Córdoba.

Asistirán a la puesta en marcha de la sala de videoconferencias del Tribunales II (Fructuoso Rivera 650) la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Graciela Chayep; el jefe del Servicio Penitenciario, Juan María Bouvier; el secretario general del TSJ, Luis Sosa y el secretario de Organización y Gestión Penitenciaria, Raúl Pino.

Entre otros beneficios, la implementación del sistema de comunicación por videoconferencia permitirá reducir la cantidad de traslados desde las unidades carcelarias hasta los tribunales y facilitará el contacto permanente de las personas privadas de la libertad con las autoridades judiciales y, en particular, con los asesores letrados que los representan.