La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia que condenó a la empresa de transportes demandada por daños, ya que se acreditaron las lesiones que sufrieron los actores cuando el vehículo en el que circulaban se encontraba detenido por razones del tránsito y fue embestido desde atrás por un colectivo propiedad de la demandada.

SUMARIO. A fin de determinar el resarcimiento debido a título de incapacidad sobreviniente, las secuelas deben ponderarse en tanto representen indirectamente un perjuicio patrimonial para la víctima, o sea, en cuanto impliquen una minusvalía que comprometa sus aptitudes laborales y la vida de relación en general y, de ese modo, frustren posibilidades económicas o incrementen sus gastos futuros, lo cual, por lo demás, debe valorarse atendiendo a las circunstancias personales, socioeconómicas y culturales de aquellos.

C., J. L. y Otro c/Los Constituyentes S.A.T. s/Daños y Perjuicios, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala I, 07-05-2015.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil – Sala I

Buenos Aires, 7 de Mayo de 2015.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. Ubiedo dijo:

I) El Sr. Juez a quo dictó sentencia a fs. 403/408 haciendo parcialmente lugar a la demanda interpuesta por J. L. C. y C. A. de G. y en su mérito condenó a A. F. G. y a Los Constituyentes S.A.T. a abonarles las sumas de $ 311.640 y $ 251.500 respectivamente en concepto de indemnización por el accidente ocurrido el 9 de agosto de 2007. Hizo extensiva la condena a la citada en garantía Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, en la medida de la cobertura.

Dicho decisorio fue apelado por las partes. La demandada y su aseguradora expresaron agravios a fs. 430/434, los que fueron respondidos por los actores a fs. 442/450. Estos últimos hicieron lo propio a fs. 436/440, los que fueron respondidos a fs. 452/454.

Se encuentra fuera de debate lo concerniente a la responsabilidad atribuida a la demandada por el accidente que sufrieron los actores J. L. C. y C. A. de G. cuando el vehículo en el que circulaban (Volkswagen Gol, dominio DIU-564) se encontraba detenido por razones del tránsito en la Av. Alicia Moreau de Justo a la altura de la Av. Independencia. En tales circunstancias fue embestido desde atrás por el interno 51 de la línea de colectivos 111 –conducido por el codemandado G. y de propiedad de la demandada-, provocando a ambos actores lesiones de consideración.-

La única queja de éstos está vinculada a la tasa de interés fijada por el a quo. Por su parte, la demandada y su aseguradora cuestionan la valoración que ha hecho la a quo al fijar los montos correspondientes a los rubros “incapacidad psicofísica sobreviniente”, “tratamiento psicológico”, “daño moral” y “gastos de intención médica, y farmacia” y “privación de uso” los que consideran elevados. A su vez, se agravian de la determinación de la llamada “tasa pura” desde el hecho hasta el pronunciamiento apelado.

II A tenor de los reproches relativos a las lesiones, sus secuelas y alcance de la reparación habré de considerar las críticas de las partes en forma conjunta a) Comenzaré a referirme a la incapacidad psicofísica sobreviniente.- Liminarmente, corresponde señalar que a criterio de esta Sala los reclamos efectuados en concepto de “daño físico” y “daño psicológico” remiten, en definitiva, a diversos aspectos del daño a la persona, consistente en la disminución de sus aptitudes en tanto se traduce indirectamente en un perjuicio de índole patrimonial (art. 1068, Cód. Civil), por los que serán tratados en conjunto bajo la denominación “incapacidad sobreviniente”, aunque la incidencia de cada uno de esos deba ponderarse convenientemente (exptes. 75.705, 91.954, etc).

De la HC labrada en el Hospital Argerich obrante a fs. 59/62 de la causa penal N° 13196 –que en este acto se tiene a la vista-, se desprende que el coactor C. fue asistido por traumatismos –Rx. Sin particularidades- y latigazo cervical.

Por su parte la perito médica señaló a fs. 325/330 que el referido actor padece a raíz del accidente de autos las siguientes secuelas: “cervicalgía postraumática (la inclinación de la cabeza de derecha a izquierda es de 35 ° para un normal de 45°); Fenómenos degenerativos con signos incipientes de espondilitis y leve deshidratación de los discos cervicales; abombamiento posteromedial de los discos C4-C5 y C6-C7 que ocupa el espacio epidural anterior sin contactar con la cara anterior de la médula; abombamiento posteromedial con lateralización a izquierda del disco C5-C6 que ocupa el espacio epidural anterior sin contactar con la cara anterior de la médula y discreto abombamiento posteromedial del disco C3-C4 que ocupa el espacio epidural anterior. En tanto que la cocatora De G. presenta signos de espondilosis cervical; leve deshidratación de los discos cervicales; reducción de altura del disco C5-C6 el cual padece abombamiento discoosteofitario marginal que ocupa el espacio epidural anterior sin contactar con la cara anterior de la médula y se insinúa sobre ambos neuroforámenes reduciendo su diámetro en forma parcial; cambios Modic I en las plataformas vertebrales de C5-C6 que expresarían la presencia de edema y tejido de granulación; hipertrofia del ligamento amarillo de predomino en C5-C6; acentuación de la cifosis dorsal fisiológica; incipiente espondilosis dorsal y deshidratación del disco C5-C6. Concluye el experto que las secuelas descriptas le generan al coactor C. una incapacidad del 17% y a la cocatora De G. una incapacidad del 5%.

En cuanto al daño psíquico afirma la experta a fs. 329 que C. padece un cuadro de Trastorno Adaptativo Mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo, cuya incapacidad la estableció en un 20%. Mientras que De G. padece de un Trastorno Adaptativo de Ansiedad y estado de ánimo depresivo crónico que le provoca una incapacidad parcial y permanente de un 25%.

No soslayo las impugnaciones a los referidos informes por parte de la actora y la demandada y su aseguradora a fs. 332, 334/336 y 338/341 respectivamente. Sin embargo, debo desestimar las objeciones formuladas a los completos dictámenes periciales, ya que en la especie no alcanzan a desvirtuar el rigor técnico-científico que fundamenta las cuestionadas conclusiones (arg. art. 386 y 477. Código procesal; Palacio, “Derecho procesal Civil”, t. IV, pág. 720), las que en suma, han sido suficientemente esclarecidas fs. 345/360.- No obstante, cierto es que no cabe atenerse sin más a los porcentajes de tablas genéricas, propias del derecho laboral, pues de lo que se trata en juicios de la naturaleza del presente es de apreciar la concreta incidencia que las secuelas, según su naturaleza y entidad, puedan tener sobre una persona determinada en orden al mentado menoscabo patrimonial (esta Sala, exptes. 81.260, 85.128, 86.897, etc.).

Ahora bien, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, a fin de determinar el resarcimiento debido a título de incapacidad sobreviniente las secuelas supra detalladas deben ponderarse en tanto representen indirectamente un perjuicio patrimonial para la víctima (art. 1068, Cód. Civ.); o sea, en cuanto impliquen una minusvalía que comprometa sus aptitudes laborales y la vida de relación en general, y, de ese modo, frustren posibilidades económicas o incrementen sus gastos futuros, lo cual, por lo demás, debe valorarse atendiendo a las circunstancias personales, socioeconómicas y culturales de aquellos.

A estos fines resulta de vital importancia analizar las características personales de las víctimas. Al momento del accidente, De G. contaba con 55 años de edad, se encontraba avocada a las tareas propias del hogar, integrando un grupo familiar compuesto por su esposo el coactor C., quien al momento del hecho contaba con 58 años y 2 hijos mayores (v. informes psicodiagnósticos de fs. 346/359). Nada se prueba respecto a la actividad del coactor, careciendo de respaldo probatorio lo manifestado en oportunidad de la elaboración del psicodiagnóstico acerca de que trabajaría como “despachante de aduana”. Por otra parte, aun aceptando que esa fuera su actividad laboral se carece de elementos probatorios que den cuenta de la entidad de sus ingresos como un despachante de aduanas, máxime que –estimo- ello depende del grado e importancia de la actividad del actor (clientela y operaciones cuantitativa y cualitativamente consideradas).

En consecuencia, sin soslayar las mejorías que pueden llegar a experimentar en virtud de los tratamientos recomendados por la experta –sobre los que habré de referirme a continuación-, haciendo uso de un prudente arbitrio en los términos del art. 165 del C.P.C.C.N. y teniendo en cuenta como pauta de referencia el importe del salario mínimo vital y móvil, considero que la sumas fijada a los actores ($ 240.000 a C. y $ 210.000 a De G.) resultan elevadas, razón por la cual propongo reducirlas a las sumas de $ 100.000 para C. y $ 50.000 para De G..

b) Respecto del monto reconocido para afrontar un tratamiento psicológico es menester señalar que en tanto ha sido acreditada la necesidad de su realización, el costo consiguiente debe ser resarcido. Y teniendo en cuenta las recomendaciones de la perito médica en cuanto a la extensión y al costo del mismo (v. fs. 329), así como los datos recogidos por el Tribunal en casos análogos, estimo que la suma reconocida ($ 23.000 a cada uno de los actores) resulta elevada, razón por la cual propongo reducirla a la suma de $ 18.000 para cada uno.-

c) En cuanto a los gastos médicos, de farmacia y traslados, y si se tiene en cuenta la entidad de las lesiones padecidas (ver informes supra referidos) la suma concedida por el a quo resulta elevada, por lo que propongo reducirla a la suma de $ 3.000 para cada uno de los acores.

d) En referencia al daño moral, destaco que tratándose de una lesión con nexo causal en el evento, tiene carácter resarcitorio sin que pueda entenderse –a juicio de la suscripta- como sanción impuesta a la conducta del responsable (exptes. 76.476, 82.151, 84.602, 79.269, 80.105, etc.).

Por ello, su “quantum”, más que cualquier otro, queda librado a la discrecionalidad del órgano judicial ya que no existen parámetros que permitan fijarlo con absoluta certeza (exptes. 80.624, 80.903, 88.259, etc.). Habida cuenta la entidad de las lesiones físicas y psíquicas sufridas por los reclamantes, el tiempo que debieron permanecer en reposo, así como el dolor padecido y la incertidumbre sobre su recuperación, considero que las sumas fijadas en la sentencia apelada ($ 40.000 a C. y $ 14.000 a De G.) no resultan elevadas, por lo que propongo su confirmación.

e) En cuanto a la privación de uso, es jurisprudencia de este tribunal que cuando no se acredita un uso profesional o comercial intensivo, la privación del uso del automotor debe ser compensada prudencialmente teniendo en cuenta los días que el damnificado se vio privado del mismo.

En virtud de ello, y atendiendo el tiempo de 26,5 días que el experto estimó para llevar a cabo las reparaciones (v. fs. 226), estimo que la suma fijada de $ 3.500 resulta adecuada, por lo que propongo sea confirmada.

III. Sin perjuicio de lo volcado en el quinto párrafo de fs. 408, cuya aclaración solicitan los actores en esta instancia, lo cierto es que el juez de grado dispuso adicionar a los importes de las indemnizaciones reconocidas intereses desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, conforme la doctrina plenaria de la Cámara Nacional en lo Civil recaída in re “Samudio de Martínez, Ladislaa c/Transportes Doscientos Setenta S.A. s/daños y perjuicios”. En virtud de ello, se agravian la demandada y su aseguradora cuestionando la aplicación de dicha tasa desde la fecha del hecho hasta el dictado de la sentencia.

En primero lugar corresponde señalar que no soslayo que la reciente Ley Nº 26.853 de Creación de las Cámaras Federales de Casación derogó el art. 303 del Código Procesal (art. 12 de la citada ley), norma ésta que asigna fuerza obligatoria a la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria. No obstante y sin perjuicio de la postura que se adopte sobre la vigencia temporal de tal derogación, lo cierto que es criterio de esta Sala (conf. “Aguirre Lourdes Antonia c/Transporte automotores Lanús Este S.A. s/daños y perjuicios” del 17 de marzo de 2009 y sus citas; “Martínez, Eladio Felipe c/Díaz, Hernán Reinaldo s/daños y perjuicios” del 15 de marzo del año 2013, entre otros), que desde la producción del perjuicio hasta el pronunciamiento apelado se fije la tasa del 8% anual, como tasa pura dado que resulta suficientemente compensatoria pues se está ante una deuda de valor cuya entidad se fija a valores actuales.

En consecuencia propicio que se fije la tasa del 8% anual desde el evento dañoso hasta el decisorio recurrido y a partir de allí la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina establecida en el fallo en recurso.

IV. Voto pues para que se modifique la sentencia de fs. 403/408, reduciendo los resarcimientos acordados en favor de J. L. C. a la suma de ciento sesenta y cinco mil cinto cuarenta pesos ($ 165.140) y la de C. A. De G. a la suma de ochenta y cinco mil pesos ($ 85.000); disponiendo que los intereses se liquiden de conformidad con lo establecido precedentemente. Las costas de esta instancia deben imponerse en un 80 % a los actores y en un 20 % a la demandada y su aseguradora atento los vencimientos parciales y mutuos (art. 71 del C.P.C.C.N.).

Por razones análogas, la Dra. CASTRO adhiere al voto que antecede.

El Dr. MOLTENI no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 22, R.L.J.N.) Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N..- MARIA LAURA RAGONI Secretaria Interina

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1°) modificar la sentencia de fs. 403/408 con el siguiente alcance: a) reducir los resarcimientos acordados en favor de J. L. C. a la suma de ciento sesenta y cinco mil ciento cuarenta pesos ($ 165.140) y la de C. A. De G. a la suma de ochenta y cinco mil pesos ($ 85.000); b) disponer que los intereses corran en la forma establecida en al considerando III del primero de los votos emitidos en el acuerdo que antecede; 2°) imponer las costas de esta instancia en un 80 % a los actores y en un 20 % a la demandada y su aseguradora.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Carmen N. Ubiedo – Patricia E. Castro