CSJN – “Piana, Enrique José y otros s/ causa n° 7668” – Operaciones de exportación , imputación del delito de contrabando. Absoluciones. Decisión que carece de motivación suficiente.

SUMARIO. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 20/8/2014, compartiendo y haciendo suyos, en lo pertinente, los fundamentos y conclusiones del señor Procurador Fiscal, hizo lugar al recurso interpuesto por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, y dejó sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° I, en cuanto había dispuesto absolver a dos de los cuatro imputados (habiendo sido condenados los dos restantes) en la causa iniciada por la supuesta declaración de importes sobrevaluados en operaciones de exportación, que no correspondían con la realidad y que determinaron que se llegara a una base de cálculo de reintegros incorrecto por parte de la autoridad aduanera. Tal conducta fue calificada como contrabando, en trescientos sesenta y cuatro casos, en los términos del artículo 864, inciso “b”, del Código Aduanero, en concurso real con igual delito agravado por la presentación de documentos adulterados o falsos necesarios para cumplimentar las operaciones aduaneras, en ocho oportunidades, de acuerdo con los artículos 864, inciso “b”, y 865, inciso “f’, del mismo cuerpo legal.
El punto de partida del Procurador para arribar a su conclusión fue aclarar que “…el reclamo efectuado no constituye un mero desacuerdo con la hermenéutica de la ley y la valoración de la prueba realizadas en la decisión cuestionada, como afirmó la Cámara al rechazar el recurso extraordinario sino que, por el contrario, demuestra en forma suficiente la existencia de cuestión federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, pues el a quo ha sustentado su decisión en afirmaciones meramente dogmáticas, todo ello con grave menoscabo de los derechos constitucionales invocados” y -asimismo- que “…la sentencia de condena se sustentó sobre una apreciación parcializada de los elementos de juicio que no integró ni armonizó las pruebas en su conjunto tal como se exige a los pronunciamientos en ese aspecto”.
Destacó también el Procurador que “Si bien tiene dicho la Corte que el principio constitucional in dubio pro reo impone que, en el proceso penal, la sentencia de condena sólo pueda ser el resultado de un juicio de certeza sobre la responsabilidad del imputado, de modo tal que los demás grados de conocimiento que reposan en la duda (entre ellos, las hipótesis de probabilidad o verosimilitud) no logran destruir aquel estado (conf. doctrina de Fallos: 324:4039 y 329:6019), no cabe extraer de ello que la mera invocación de cualquier incertidumbre acerca de los hechos impida, per se, obtener el grado de convencimiento necesario para formular un pronunciamiento en aquel sentido.”
Siguiendo tal lineamiento señaló el argumento volcado en la decisión con respecto a que tanto a uno como al otro de los imputados absueltos “la apariencia lícita” de las operaciones en las que participaron era fundamento suficiente para concluir su falta de dolo a pesar de la ejecución de aportes que demostraban la realización de una maniobra con características inusuales y que exigía un mayor control desde la posición que cada uno de ellos ocupaba (habiendo participado uno de ellos en todas las etapas necesarias para llevar a cabo la actividad ilegal, habiendo confeccionado el segundo los permisos de embarque en los que consta la declaración de valores sobrefacturados, suministrados por la empresa) “…importa una contradicción con la lógica más elemental y el sentido común que permite sostener la tacha invocada.” La procedencia del recurso resulta entonces evidente cuando “el razonamiento que sustenta la sentencia se aparta de las reglas de la sana crítica de tal modo que consagre una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y la experiencia, esto es, del correcto entendimiento judicial”.
Por lo expuesto concluye en que “…la decisión carece de la fundamentación suficiente exigida para sustentarla y, por ello, debe ser dejada sin efecto”, lo que así ha sido declarado por el Máximo Tribunal, ordenándose la remisión de los autos al tribunal de origen para el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.
“Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Piana, Enrique José y otros si causa n° 7668”.

 

Normativa relacionada:

Artículo 864 del Código Aduanero. – Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que:

a) Importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la desviare de las rutas señaladas para la importación o la exportación o de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales actos;

b) Realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación;

c) Presentare ante el servicio aduanero una autorización especial, una licencia arancelaria o una certificación expedida contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regularen su otorgamiento, destinada a obtener, respecto de la mercadería que se importare o se exportare, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere;

d) Ocultare, disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería sometida o que debiere someterse a control aduanero, con motivo de su importación o de su exportación;

e) Simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una destinación aduanera de importación o de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio económico.

(Artículo sustituido por art. 24 de la Ley N° 25.986 B.O. 5/1/2005.)

Artículo 865 del Código Aduanero. – Se impondrá prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10) años en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y 864 cuando:

a) Intervinieren en el hecho TRES (3) o más personas en calidad de autor, instigador o cómplice;

b) Interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo;

c) Interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas de seguridad a las que este Código les confiere la función de autoridad de prevención de los delitos aduaneros;

d) Se cometiere mediante violencia física o moral en las personas, fuerza sobre las cosas o la comisión de otro delito o su tentativa;

e) Se realizare empleando un medio de transporte aéreo, que se apartare de las rutas autorizadas o aterrizare en lugares clandestinos o no habilitados por el servicio aduanero para el tráfico de mercadería;

f) Se cometiere mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, necesarios para cumplimentar la operación aduanera;

g) Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta;

h) Se tratare de sustancias o elementos no comprendidos en el artículo 866 que por su naturaleza, cantidad o características, pudieren afectar la salud pública;

i) El valor de la mercadería en plaza o la sumatoria del conjunto cuando formare parte de una cantidad mayor, sea equivalente a una suma igual o superior a PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000).

(Artículo sustituido por art. 25 de la Ley N° 25.986 B.O. 5/1/2005.)

 

Texto completo del fallo y del dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

P. 308. XLVIII.
RECURSO DE HECHO
Piana, Enrique José y otros sI causa n° 7668.

Buenos Aires, 20 de agosto de 2014
Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Piana, Enrique José y otros si causa n° 7668”, para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
Que esta Corte comparte y hace suyos, en lo pertinente, los fundamentos y conclusiones del señor Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuyos términos se remite en razón de brevedad.
Por ello, concordemente con lo dictaminado, se hace lugar a la quej a, se declara procedente el recurso extraordinario y se dej a sin efecto la sentencia apelada. Agréguese al principal.
Hágase saber y vuelvan los autos al tribunal de origen con el fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

Recurso de hecho interpuesto por el Fiscal General ante la Cámara Federal de
Casación Penal.
Tribunal de origen: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Tribunales que intervinieron anteriormente: Tribunal Oral en 1o Penal Económico n° 1 de la Capital Federal.

“P . Enrique José y otros s/causa N° 7668”
S.e. P 308 XLVIII
Suprema Corte:

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° I de esta ciudad condenó a Enrique José P y a Miguel S presidente y vicepresidente respectivamente de la empresa “Casa P S.A.”, por operaciones de exportación de manufactuFas elaboradas con materiales preciosos y no preciosos, por intermedio de dicha firma y sus asociadas “G S.A:” y “American P M S.A”, mediante declaraciones de importes sobrevaluados que no correspondían con la realidad y que determinaron que se llegara a una base de cálculo de reintegros incorrecto por parte de la autoridad aduanera. Según se estableció, esa maniobra tuvo lugar tanto respecto de oro que se adquiría en lingotes en instituciones bancarias exento de tributos bajo el régimen de “uso monetario”, como de otros metales cuyos costos de producción se habían sobrevaluado con el objeto de acrecentar los reintegros. Estas conductas fueron calificadas como contrabando, en trescientos sesenta y cuatro casos, en los términos del artículo 864, inciso “b”, del Código Aduanero, en concurso real con igual delito agravado por la presentación de documentos adulterados o falsos necesarios para cumplimentar las operaciones aduaneras, en ocho oportunidades, de acuerdo con los artículos 864, inciso “b”, y 865, inciso “f’, del mismo cuerpo legal (según surge de la descripción de fs. 35 vta.l37 vta.).
Asimismo, en dicho pronunciamiento absolvió a Martín Suárez A y a Mario Jorge G respecto de los hechos por los que fueran imputados (fs. 3). Cabe recordar que S, A , directivo de la firma “Casa P S.A.”, había sido acusado como autor de contrabando por la comisión de acciones que impidieron o dificultaron el servicio aduanero con el propósito de someter a las mercaderías a un tratamiento aduanero distinto al que les correspondía a los fines de su exportación, agravado por la participación de tres o más personas, mediante los permisos de embarque correspondientes a dicha empresa, cometido en forma reiterada en trescientos cincuenta y cinco hechos, en concurso real (arts. 864, inciso “b”; 865, inciso “a”, del Código Aduanero). Por su parte, G , en su calidad de despachante de aduanas, 1o había sido por su participación necesaria en el mismo delito por la comisión de acciones que impidieron o dificultaron el servicio aduanero con el propósito de someter a las mercaderías a un tratamiento aduanero distinto al que les correspondía a los fines de su exportación, agravado por la participación de tres o más personas y la presentación de documentos adulterados o falsos necesarios para cumplimentar las operaciones aduaneras de las exportaciones, cometido en forma reiterada, ocho hechos, en concurso real (arts. 864, inciso “b”; 865, inciso “a” y “f” del Código Aduanero) (fs. 37 vta./38).
Contra aquellas absoluciones el fiscal general ante dicha instancia interpuso recurso de casación, cuyo rechazo por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal (fs. 2/33 vta., punto n° I del resolutorio) dio lugar a la articulación de la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48 (fs. 34/50) que, al ser denegada, originó esta presentación directa (fs. 53/57 vta.).
II
En el recurso extraordinario se atribuyó arbitrariedad a la decisión del a quo por cuanto avaló con afirmaciones meramente dogmáticas una solución desincriminatoria a la que había arribado el tribunal de juicio mediante una apreciación de la prueba de cargo que no se ajustaba a las reglas de la sana crítica. De ese modo, se cuestionó la falta de fundamentación del pronunciamiento que, sin responder las cuestiones introducidas oportunamente por el apelante,
se basaba en la exclusiva reiteración del razonamiento desarrollado por los sentenciantes.
En ese sentido, la apelación se dirigió a reprochar dos defectos básicos que habían conducido a las absoluciones de S A y G . Por un lado, la indebida prem inencia dada a algunas circunstancias en desmedro de otros elementos probatorios contundentes cuya consideración hubiese llevado a un resultado contrario y, por el otro, el análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, sin integrarlos ni armonizarlos debidamente en su conjunto. En ese marco, se sostuvo que existía certeza absoluta acerca de la responsabilidad de los nombrados en la maniobra investigada, razón por la cual la conclusión liberatoria contenía una fundamentación sólo aparente en la que se desconocía esa prueba concluyente.
En lo que respecta a S’ A , el apelante discutió el motivo principal de la sentencia que sostenía, sobre la base de argumentos contradictorios y cambiantes, el desconocimiento por parte del nombrado del carácter indebido de los reintegros aduaneros en cuyo cobro habría participado en atención a la función meramente administrativa que Piana le habría encomendado; el tribunal apoyó esta conclusión en la juventud del imputado, sus trabajos anteriores y los dichos desincriminantes del principal con quien mantenía una relación de confianza.
Sin embargo, se intentó demostrar que esa afirmación había importado aquellas circunstancias en otorgar una indebida preminencia a desmedro de elementos probatorios esenciales que conducían a sostener su responsabilidad, y que no debieron ser relegados al momento de evaluar el mérito de la prueba acumulada en la causa. En efecto, su ajenidad a los hechos quedaba desvirtuada por su intervención en la compra de oro de uso monetario que no tributaba y que, consecuentemente, en modo alguno podía generar la devolución dineraria mal habida; porque manejaba la cuenta corriente del Banco Baires en la que se depositaban los fondos provenientes de los reintegros; y porque participaba en la confección de facturas por las ventas de las mercaderías al exterior.
En similar dirección, el recurso destacó que la decisión, en cuanto absolvió a G en el entendimiento de que su actuación al confeccionar los permisos de embarque ateniéndose a lo que surgía de la documentación suministrada por la exportadora (entre la que se encontraban las facturas de venta con sobrevaluación) se había ajustado a su función como despachante de aduana, había incurrido en una valoración fragmentaria de las pruebas que prescindió de una visión global de la maniobra investigada y omitió la necesaria correlación de las probanzas, cuya apreciación hubiera permitido advertir la realización de aportes que revelaban su conocimiento del contrabando que se dio por probado.
Entre ellas se acentuó que “la circunstancia de que su designación como despachante del grupo provino de uno de los máximos responsables en la planificación de las maniobras investigadas, la firme imputación efectuada por Piana al sindicarlo como conocedor de la sobrefacturación de las exportaciones que firmaba, el hecho de haber documentado los permisos de embarque que se le atribuyen de la firma’ American P M,’, a sabiendas de que la Aduana había dispuesto la suspensión para el cobro de reintegros de sus antecesoras -‘Casa P SA’ y su continuadora,
‘G SA’-, constituyen elementos que permiten afirmar, con la certeza que requiere un pronunciamiento condenatorio, la participación necesaria del acusado quien fue un engranaje indispensable de la maniobra, estaba en pleno conocimiento de la ilicitud de las exportaciones en las que intervenía realizadas a través de ‘American P M , y sabiéndolo, colaboró activamente en la gestión de ese engaño al servicio aduanero” (fs, 47/47 vta.).
En este sentido, se explicó que la valoración de la prueba en forma integral era particularmente exigible en el caso en el que se investigaba un delito complejo, lo que imponía la apreciación conjunta de las conductas realizadas para ponderar su inserción en la maniobra global e impedía un examen fragmentado de su actuación. En tales condiciones, además, un análisis de su función con excesivo rigorismo vaciaba “de contenido la mayor responsabilidad que posee como auxiliar del servicio aduanero y que, frente a las particularidades del caso, le exigía una mayor diligencia en el cumplimiento de su actividad profesional” en los términos del artículo 36 del Código Aduanero (fs. 48).
III
No dejo de advertir que los agravios del recurrente, en tanto podrían referirse al análisis de cuestiones de hecho y prueba y derecho común, remiten al examen de aspectos que, en principio, resultarían ajenos a la competencia de V.E. cuando conoce por la vía extraordinaria (Fallos: 320:2751 y 326:1877, entre otros). Sin embargo, también es cierto que el Tribunal tiene resuelto que es posible hacer excepción a dicha regla con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se procura asegurar las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso, que también amparan a este Ministerio Público Fiscal (conf. doctrina de Fallos: 268:266; 299:17; 321:3322; 324:4135 -voto de los doctores Petracchi y Bossert-; 327:608, entre otros), exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa (Fallos: 311:948, 2402 y 2547; 313:559; 315:2969; 316:2718; 319:103 y 321:1909).
En tales condiciones, soy de la opinión que el reclamo efectuado no constituye un mero desacuerdo con la hermenéutica de la ley y la valoración de la prueba realizadas en la decisión cuestionada, como afirmó la Cámara al rechazar el recurso·extraordinario sino que, por el contrario, demuestra en forma suficiente la existencia de cuestión federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, pues el a quo ha sustentado su decisión en afirmaciones meramente dogmáticas, todo ello con grave menoscabo de los derechos constitucionales invocados.
En efecto, considero que asiste razón al apelante en cuanto sostiene que, al convalidar las afirmaciones del tribunal de juicio sin dar respuesta a los específicos reclamos formulados que
tendían a demostrar los graves defectos’ de fundamentación que exhibía, la decisión carece de una motivación suficiente y, por ello, debe ser descalificada.
Pienso que ello es así porque, tal como a mi entender se ha logrado demostrar en el recurso, la sentencia de condena se sustentó sobre una apreciación parcializada de los elementos de juicio que no integró ni armonizó las pruebas en su conjunto tal como se exige a los pronunciamientos en ese aspecto (conf. Fallos: 311:2314; 321:1909 y 323:1989, todos con sus citas), sino que las ponderó en forma fragmentaria y aislada al prescindir de la necesaria correlación entre ellas y, a su vez, con los demás indicios obrantes en la causa; lo que produjo un inválido detrimento de la base convictiva que culminó en el estado de duda que se pretendió cuestionar mediante la doctrina de la arbitrariedad.
Si bien tiene dicho la Corte que el principio constitucional in dubio pro reo impone que, en el proceso penal, la sentencia de condena sólo pueda ser el resultado de un juicio de certeza sobre la responsabilidad del imputado, de modo tal que los demás grados de conocimiento que reposan en la duda (entre ellos, las hipótesis de probabilidad o verosimilitud) no logran destruir aquel estado (conf. doctrina de Fallos: 324:4039 y 329:6019), no cabe extraer de eno que la mera invocación de cualquier incertidumbre acerca de los hechos impida, per se, obtener el grado de convencimiento necesario para formular un pronunciamiento en aquel sentido. Por el contrario, se ha establecido que el estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaiuación de todos los elementos de prueba en conjunto (FaJIos: 321:2990 y 3423; 323:212; 324:1365, entre muchos
otros) lo que, a mi entender, no se verifica en el sub lite. En ese sentido, soy de la opinión que el argumento volcado en la decisión con respecto a que, tanto en el caso de S A como en el de G , la apariencia lícita de las operaciones en las que participaron era una razón suficiente para presumir su falta de dolo a pesar de la ejecución de aportes que revelaban la concreción de una maniobra con características inusuales que demandaba un mayor control desde la posición que cada uno de ellos ocupaba (en el caso del primero, participó en todas las etapas necesarias para llevar a cabo la actividad ilegal y, en el segundo, confeccionó los permisos de embarque con los valores sobrefacturados suministrados por la empresa) importa una contradicción con la lógica más elemental y’ el sentido común que permite sostener la tacha invocada. Cabe recordar que V.E. ha sostenido la procedencia de los recursos extraordinarios cuando el razonamiento que sustenta la sentencia se aparta de las reglas de la sana crítica de tal modo que consagre una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y la experiencia, esto es, del correcto entendimiento judicial (causa L 192. XLIV “Iribarne, Rodolfo Antonio e/Estado Nacional” del
22 de mayo de 2012, y sus citas).
En este marco, cobra particular importancia la referencia del apelante en cuanto a que las características de la maniobra que se dio por probada, en la cual intervinieron en forma compleja diferentes personas y empresas, imponían en el caso una evaluación integrada de los aportes de sus protagonistas en atención al rol que les cupo, sin la cual, cada una de las conductas se transformaba, en forma artificiosa, en inocua.
En tales condiciones, esos planteos que iban más allá de una mera discrepancia del funcionario recurrente con cuestiones vinculadas con valoraciones probatorias, sino que se dirigían a cuestionar en forma directa la fundamentación de la sentencia absolutoria mediante la introducción de cuestiones susceptibles de tener influencia decisiva para la solución, debieron ser considerados por el a quo, so consecuencia de arriesgar la correcta resolución del pleito (Fallos: 327:5970 y su cita).
En conclusión, entiendo que la decisión carece de la fundamentación suficiente exigida para sustentarla y, por ello, debe ser dejada sin efecto.
IV
En razón de las consideraciones aquí efectuadas, y los demás argumentos expuestos por el señor Fiscal General, mantengo la presente queja.
Buenos Aires, l4 de marzo de 2013.
-EDUARDO EZEQUIEL CASAL-

40 comentarios de “CSJN – “Piana, Enrique José y otros s/ causa n° 7668” – Operaciones de exportación , imputación del delito de contrabando. Absoluciones. Decisión que carece de motivación suficiente.

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