SUMARIO: Cargo formulado en concepto de diferencia de tributos. Operación de importación efectuada al amparo del PAR 4. Certificado de origen presentado en forma extemporánea. Aplicación de la Resolución 252/1999. “3 M Argentina S.A.C.I.F.I.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expte. N° 29.556-A, 29/05/2012, Sala “E”.

Texto completo del fallo:

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

En Buenos Aires, a los  29 días del mes de mayo de 2012, se reúnen las señoras Vocales de la Sala “E”, Dras. Catalina García Vizcaíno y Cora M. Musso (la Vocalía de la 13ª Nominación se halla vacante), con la presidencia de la última de las nombradas, a fin de resolver en los autos caratulados “3 M ARGENTINA SACIFIA c/ DGA s/recurso de apelación”; expte. N° 29.556-A.

La Dra. Catalina García Vizcaíno dijo:

I) Que a fs. 18/25 vta. 3 M ARGENTINA SACIFIA, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 2277/11, recaída en el Expte. Nº 12197-12044-2008, notificada el 16/5/2011, por la que se rechaza la impugnación impetrada contra el cargo 1481/2008. Relata que importó mediante el DI 07 001 IC 04 072488 A productos textiles originarios de la República de México; que al momento de la oficialización no contaba con el Certificado de Origen (CO) ya que las legalizaciones estaban demoradas, lo que motivó a que tuviera que constituir la garantía correspondiente; que presentó el CO vencido el plazo de 30 días que establece el CA, lo que implicó que abonara la multa automática (17/9/2007), pero dentro del plazo de validez conforme el Acuerdo ALADI PAR 4. Expresa que, sin perjuicio de lo expuesto, la Aduana consideró que el CO presentado no resultaba vigente por no ajustarse a las especificaciones de vigencia y que, frente a tal circunstancia, interpuso impugnación. Indica que la División Cupos de Origen informó que los CO debían ser analizados conforme la Resolución MEYOSP N° 763/1996, determinando que no se habían cumplido con las prescripciones del art. 6° de dicha resolución atento la falta del número de fax del exportador, sello de la entidad emisora, domicilio, país, teléfono y fax. Se agravia del cargo formulado en tanto el servicio aduanero intenta desconocer regímenes diferenciales y privilegiar su recaudación. Explica que la normativa de origen exige para el caso de pretender gozar del régimen preferencial fijado para mercadería proveniente de México al amparo del PAR 4, el acompañamiento del debido CO, y si no se contase con el mismo al momento de la registración, se exige constitución de garantía, y en el caso de que fuera acompañado, vencido el plazo, se prevé una penalización automática del 1% del valor en aduana de la mercadería, lo que fue efectivamente abonado por la empresa. Hace saber que, sin perjuicio de ello, se formuló el cargo que ahora se apela. Entiende que el servicio aduanero cae en la confusión de tratar la situación como si directamente no se hubiese acompañado el CO. Menciona lo dispuesto por el art. 10 del Anexo del Acuerdo PAR 4. Aclara que los 180 días fijados por la normativa no deben interpretarse como un plazo de caducidad, si el CO se emitió cumpliendo con la normativa aplicable y no hay dudas en relación al origen zonal de la mercadería, no es argumento suficiente su presentación habiendo transcurrido los 180 días referidos para pretender la aplicación del régimen general. Asimismo, arguye que se requiere que el CO no se haya expedido con anterioridad a la emisión de la factura comercial para que el mismo sea considerado válido. Sostiene que luce evidente de las actuaciones administrativas que dicho recaudo se encuentra cumplido atento que desde la emisión de la factura transcurrieron menos de 30 días hasta la emisión del certificado correspondiente. Explica que, ante la contundencia de estos argumentos, la Aduana esgrime que no se ha dado cumplimiento a los requisitos  esenciales que surgen del art. 6° de la Resolución MEYOSP 763/96. Analiza el mencionado artículo, como así también el 7° y 9° de la resolución. SE explaya acerca de cuáles son (a su criterio) requisitos esenciales y cuáles no. Manifiesta que la aduana considera que todos los requisitos señalados en el art. 6° son sacramentales y que la ausencia de uno es suficiente para invalidar el CO. Estima que debería haber cierta flexibilidad en lo antedicho. Aclara que cuando resulta de aplicación un régimen especial de origen como lo es en el marco de la ALADI, se especifican regulaciones propias. Analiza detalladamente si el CO en cuestión cumple o no las normativas del tratado internacional. Concluye afirmando que desde el punto de vista formal y de fondo y conforme las pautas jurisprudenciales , los CO de autos son absolutamente válidos para acreditar el origen México de la mercadería y en consecuencia que se encuentran dentro del régimen preferencial establecido por el Acuerdo PAR 4. Señala que la falta de dirección y teléfono de la entidad oficial emisora no invalida los CO, ya que dicho requisito no surge del Tratado internacional, siendo un exceso reglamentario autónomo del Estado Nacional que en modo alguno puede importar una modificación del Acuerdo Internacional; máxime teniendo en cuenta que los datos que se reclaman son de muy fácil acceso o conocimiento, por ejemplo vía Internet. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba.  Peticiona que se dicte sentencia haciendo lugar al recurso, con costas.

II) Que a fs. 34/37 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una reseña de las actuaciones. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por la actora que no fueran de su especial reconocimiento. Manifiesta que la recurrente pretende que se le aplique un régimen preferencial, para el cual resulta requisito ineludible la validez del CO de la mercadería, pero sin cumplir con dicha exigencia sine qua non. Recuerda lo establecido por la Resolución MEYOSP N° 763/96; especialmente sus arts. 3° y 19°. Asimismo se refiere a la Resolución MEYOSP N° 381/96 con respecto a la posibilidad de constitución de garantía, y a la Resolución 78/87 del Comité de Representantes de la ALADI, acerca del plazo de validez de los CO de 180 días. En consecuencia, considera que el CO de marras es inhábil por acreditar el origen de la mercadería, por haberse excedido el plazo de 180 días contemplado en la citada normativa. Cita jurisprudencia. Entiende que no es de aplicación lo dispuesto en el precedente “Mercedes Benz SACIFIM s/ DGA” T.F. N° 8.010-A, por cuanto la cuestión de autos no es idéntica a la allí planteada. Aduce que, admitir como válido un CO que adolezca de falencias, implica desnaturalizar la esencia del régimen, y se estaría vulnerando el principio de jerarquía legal del art. 31 de la Constitución Nacional, al desoírse Convenciones Internacionales. Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba. Solicita que se confirme el decisorio aduanero apelado, con costas.

III) Que a fs. 38 se abre la causa a prueba, que es producida a fs. 50/52. Puestos los autos a alegar, hacen uso de ese derecho el Fisco y la actora a fs. 59/60 vta. y 61, respectivamente. A fs. 63 se llaman autos a sentencia.

IV) Que a fs. 1/18 de la Actuación Nº 12197-12044-2008, con fecha 27/8/08  el despachante de aduanas, Alejandro Calabresi presenta los CO Nros. 243807316473, 243807316477, 243807316480 y 243807316482, por lo cual solicita la devolución de la póliza de caución N° 938412 de U$S 8.116,68 afectados bajo el N° 08 001 024334G con motivo de la falta del mencionado CO en el despacho N° DI 07 001 IC 04 072488 A (original, ensobrado a fs. 74); presenta asimismo la factura comercial correspondiente y copia del despacho aludido. A fs. 19/20 lucen consultas de garantía. A fs. 22/23 obran los Cargos Nros. 1481/08 y 1482/08, notificados el 12/9/08 (fs. 28). A fs. 32 luce comprobante de pago de una liquidación manual N° 0800LMAN126552D por el cargo N° 1482/2008. A fs. 33/36, el 29/9/2008, la firma 3 M Argentina SACIFIA interpone impugnación con relación al Cargo 1481/2008, presentando prueba documental a fs. 43/66. A fs. 67/69 se glosa consulta de nomenclaturas de la PA 5603.13.90.913K. A fs. 72 se tiene por deducida la impugnación interpuesta. A fs. 78 obra la Nota N° 1008/10 (DV EDIM) que luego de analizar los CO a la luz de la normativa, colige que no se cumple con la totalidad de las prescripciones del art. 6° de la Resolución N° 763 MEYOSP. A fs. 90/91 se dicta la Resolución N° 2277/2011, apelada en la especie.

V) Que sólo es materia de la litis el Cargo N° 1481/2008 formulado por diferencia de tributos entre el régimen preferencial y el general (ver fs. 22 de los ant. adm.).

Que por el DI N° 07 001 IC04 072488 A, oficializado el 10/5/2007, la recurrente documentó la importación de mercadería de la PA 5603.13.90.913K, consignando que el origen y procedencia era de México, y garantizó la falta de los certificados de origen, que fueron acompañados el 27/8/2008 (ver fs. 1/9 y 74 de los ant. adm.).

Que la Nota ALADI/SUBSE-LC 041/12 ha informado que al Acuerdo Regional N° 4 que instituye la Preferencia Arancelaria Regional (PAR), se le aplica el Régimen General de Origen de la ALADI, contenido en la Resolución 252 del Comité de Representantes, cuyos artículos duodécimo y decimotercero transcribe, y expresa que los datos relativos “a la dirección, teléfono y fax de la Entidad Certificadora no son requeridos para el llenado del Certificado de Origen, en cuyo caso solamente se exige el nombre, el sello y la firma del funcionario autorizado por dicha Entidad que actuó en la operación” (fs. 50/51).

Que, sin embargo, en los términos de las facultades del art. 1143 del CA, observo que esos certificados de origen se invocó el tratamiento preferencial del PAR 4, siendo que el artículo décimo de la mencionada Resolución 252 del 4/8/1999 prevé que los certificados de origen “expedidos para los fines del régimen de desgravación tendrán plazo de validez de 180 días, a contar desde la fecha de certificación por el órgano o entidad competente del país exportador”, y agrega que sin perjuicio “del plazo de validez a que se refiere el párrafo anterior, los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de emisión de la factura comercial correspondiente a la operación de que se trate, sino en la misma fecha o dentro de los sesenta días siguientes, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo noveno”.

Que, habiéndose presentado los certificados de origen fuera del plazo de 180 días, ello torna aplicable mutatis mutandi la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Autolatina Argentina SA”, del 10/4/03, en cuanto se expidió acerca de los certificados de origen acompañados fuera del plazo de validez de 180 días en el sentido de que “carecen de aptitud para acreditar el origen de la mercadería según lo prescripto en la normativa aplicable a tales operaciones”. Además, la Corte Suprema en el citado pronunciamiento entendió que esta carencia de aptitud del certificado de origen no puede suplirse por el informe ratificatorio de la autoridad del país exportador, “ya que lo contrario supondría desconocer la concreta regulación establecida por las partes signatarias sin ninguna justificación válida”. El Alto Tribunal puntualizó que tal conclusión “lejos de fundarse en ritualismos estériles o de entorpecer el proceso de integración regional, se adecua al principio rector de que éste sólo puede llevarse a cabo con estricta sujeción a las normas que configuran el régimen jurídico que le da sustento”.

VI) Que propicio que las costas se distribuyan según el orden causado, atento a que la prueba de fs. 50/52 le dio la razón a la actora, que el presente se decidió de  oficio conforme a las facultades del art. 1143 del CA y en virtud del criterio que expuse en la sentencia dictada en “Molinos Río de la Plata”, del 16/11/00, que conduce a apartarme en supuestos excepcionales del principio de imposición de costas al Fisco vencido, teniendo en cuenta que el art. 1140 del CA preceptúa que: “La sede del Tribunal Fiscal (…), los plenarios, el cómputo de los términos, el reglamento y demás facultades se regirán en el orden aduanero de conformidad con lo previsto en las disposiciones pertinentes de la ley 11.683” (la bastardilla  pertenece a este voto).

Que indudablemente se encuentran comprendidas en el concepto de “facultades” las relativas a “la sala respectiva” de “eximir total o parcialmente de esta responsabilidad [del pago de costas] al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición” (art. 184 de la ley 11.683, según la modificación introducida por la ley 25.239, ampliada por la ley 25.795 en cuanto a las costas en el orden causado cuando se recalifiquen las conductas infraccionales –salvo excepciones- y mantenida esta facultad por la ley 26.044).

Por ello, voto por:

Confirmar la Resolución DE PRLA N° 2277/11 (AD CAMP) en cuanto ha sido materia de recurso. Costas por su orden.

La Dra. Cora M. Musso dijo:

               Que adhiero al voto precedente.

             De conformidad con el acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE: 

              Confirmar la Resolución DE PRLA N° 2277/11 (AD CAMP) en cuanto ha sido materia de recurso. Costas por su orden.

              Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.

              Suscriben la presente las Dras. García Vizcaíno y Musso por encontrarse vacante la Vocalía de la 13° Nominación.  (conf. art.1162 del CA).