La Provincia de Córdoba deberá indemnizar a un hombre que resultó damnificado en el marco de una persecución policial

Un juez en lo civil y comercial cordobés condenó al Superior Gobierno de la Provincia a pagar una indemnización de $ 347.663,97  –más intereses- a un ciudadano que sufrió lesiones tras una persecución protagonizada por móviles de la Policía de Córdoba, mientras circulaba en una motocicleta por la vía pública. El magistrado también dispuso -como mandato preventivo exhortativo- remitir copia del expediente a la Dirección General de Control de Conducta Policial a fin de poner en conocimiento de la dependencia todos los datos de la causa, a fin de determinar un supuesto  actuar “disvalioso” por parte de los agentes que intervinieron en el suceso.

El magistrado (juez en lo Civil y Comercial de 51° Nominación de la ciudad de Córdoba) consideró que la persecución habría derivado en un choque entre el vehículo de la fuerza y la motocicleta en que no sólo provocó lesiones en el ciudadano, sino que además “habría sido acompañado de un posterior maltrato transgresor de las normas reguladoras del protocolo de detención y de las pautas monitoras que sobre la materia contienen los tratados de derechos humanos”.

La sentencia también dispone enviar copias de la causa civil la Fiscalía de Instrucción que por turno corresponda, a los efectos de que dicha dependencia tome conocimiento de lo allí documentado y disponga las acciones que entienda pertinentes; esto en función de lo dispuesto en el artículo 317, inciso 1 del Código Procesal Penal de Córdoba que establece el deber de los funcionarios públicos de denunciar la posible comisión de ilícitos penales que se adviertan en expedientes sometidos a su competencia.

Colisión y maltrato 

Según el damnificado, el vehículo policial embistió su motocicleta mientras circulaba y esta colisión ocasionó que él cayera a la calzada. Refirió además que, a pesar del fuerte impacto, intentó levantarse del suelo, pero un efectivo policial le propinó un puntapié en el pecho que le impidió incorporarse. De inmediato –siempre según el relato del demandante- el personal policial le colocó unas esposas, “sin mediar orden o palabra alguna”. Como consecuencia de hecho, se fracturó el fémur, mientras que la rodilla quedó prácticamente destruida.

La Provincia alegó que el suceso se produjo en el marco de una persecución policial destinada a la aprehensión del actor, y que fue éste el causante del desenlace dañoso por no haber respondido a la voz de alto.

Sin embargo, el juez, en función de los testimonios ofrecidos por el actor y el resto de la prueba obtenida, entendió que existió una ejecución irregular del servicio por parte de los agentes de la Policía de la Provincia.

En efecto, del sumario elaborado en ocasión del procedimiento policial no consta imputación alguna sobre el demandante, e inclusive, obra glosada la declaración del presunto damnificado por el robo, quien descartó que haya sido el actor la misma persona que horas antes lo había asaltado a mano armada.

“Se vislumbra así la tangible probabilidad de que los agentes hayan abusado del poder coercitivo que la sociedad les ha confiado como herramienta para la misión encomendada, la que supone el límite infranqueable del respeto irrestricto a los derechos humanos que le cabe a tan delicada facultad, y la consecuente rigurosidad en la investigación del eventual exceso”, afirmó el juez.

En el plano civil, la sentencia ordena al Superior Gobierno de la Provincia para una indemnización al damnificado –cuando la sentencia quede firme- de $ 77.583,04, en concepto de lucro cesante pasado; $ 114.018,24, en concepto de pérdida de chance pasada; $ 75.962,20, en concepto de lucro cesante futuro; $ 100,49, por gastos de farmacia; y $ 80.000, en concepto de daño moral; más los intereses devengados desde la fecha del hecho hasta su efectivo pago.

Causa: “Suárez, Sergio David c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba – Ordinario – Cobro de Pesos”.
Fecha: 7 de noviembre de 2017.

Fuente: www.justiciacordoba.gob.ar

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