El Superior Tribunal de Justicia de San Luis rechazó una demanda, interpuesta por quien fuera adjudicatario de una vivienda por parte del Estado Provincial, el cual luego dispuso su desadjudicación, ello por cuanto resulta de las constancias de la causa la falta de cumplimiento por parte del actor de la normativa que regula la política habitacional, entre la que se exige habitar la vivienda en cuestión y abonar su precio. El el caso, al haberse obligado el adjudicatatario a ocupar el inmueble en forma efectiva, conjuntamente con el grupo familiar declarado, dentro del plazo máximo de quince (15) días posteriores a su entrega, resultó procedente el inicio del trámite de desadjudicación una vez constatado el incumplimiento.
T., M. G. c/Estado Provincial de San Luis s/Demanda Contencioso Administrativa, Superior Tribunal de Justicia de San Luis, 31/02/2017.
San Luis, 31 de Marzo de 2017.-
En la Ciudad de San Luis, se reúnen en Audiencia Pública los Señores Ministros Dres. OMAR ESTEBAN URÍA, HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ y LILIA ANA NOVILLO – Miembros del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, para dictar sentencia en los autos: “T., M. G. c/ESTADO PROVINCIAL DE SAN LUIS s/DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” – IURIX EXP Nº 276364/14.-
Conforme al sorteo practicado oportunamente con arreglo a lo que dispone el art. 268 del C.P.C.C., se procede a la votación en el siguiente orden: Dres. OMAR ESTEBAN URÍA, HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ y LILIA ANA NOVILLO.-
Que las cuestiones formuladas y sometidas a decisión del Tribunal, son:
I.- ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa planteada?
II.- En su caso, ¿Qué resolución corresponde dictar?
III.- ¿Cuál sobre costas?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. OMAR ESTEBAN URÍA, dijo: 1) Que a fs. 14/24vta se presenta la Sra. María Gabriela Tempestini por su propio derecho y con el patrocinio letrado del Dr. Jorge Marcelo Shortrede e interpone demanda Contencioso Administrativa en los términos del art. 816 y ss. del CPC y C contra el Estado Provincial, representado por el Gobierno de la Provincia de San Luis, solicitando se revoque el Decreto N° 8577-MV-2014, de fecha 7 noviembre de 2014, recaído en EXP 0000-2009-019408, glosado al EXP-0000-2010-019403, POR EL QUE SE RECHAZÓ EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO Y EL Decreto N° 6130-MV-2012, mediante el cual se desadjudicó la vivienda individualizada en Manzana G casa 12 B° Maximiliano Toro.
Que luego de referirse al cumplimiento de los requisitos formales, bajo el punto V) HECHOS expresa que recibió del Gobierno de la 1Provincia la adjudicación de la vivienda individualizada y que en el año 2009 presentó una nota al Programa de Vivienda, que tramitó bajo EXPTE. N° 00002009- 019408, donde comunicó que por razones de salud de su padre, se trasladaba temporalmente a San Francisco del Monte de Oro, dejando la vivienda al cuidado de la Sra. Carolina Andrea González, pero que al poco tiempo volvió. Expone, que luego su padre volvió a presentar problemas de salud, por lo que nuevamente se trasladó a San Francisco del Monte de Oro dejando la vivienda a cargo de unos amigos, quienes dedujeron en su contra indebidas denuncias, porque pretendían con artilugios quedarse con la casa. Manifiesta que, a la vivienda la está ocupando junto con sus hijos y el menor Leonardo Gabriel Páez. Por otro lado, explica que se generó un reclamo respecto de cuotas adeudadas y que presentó un certificado de discapacidad (N° 4036) por hipoacusia, formándose un expediente donde se resolvió que no debía pagar máscuotas de la casa, el cual se encuentra perdido. Agrega que por la indebida denuncia pronunciada en su contra, se realizaron actuaciones administrativas, que dieron lugar a Actos de relevamiento habitacional N° 6965 y N° 9252 de la que no pudo ejercer su derecho de descargo por que la notificación quedó en manos de los denunciantes, teniendo como resultado el dictado del Decreto N° 6130-MV-2012 mediante el cual se le desadjudicó la casa; siendo notificada de la misma en el domicilio de su padre en San Francisco, ello en virtud de su aviso a la administración de que residía nuevamente allí. Ante tal situación interpuso recurso de reconsideración.
Bajo el punto VI LOS DERECHOS IMPUGNADOS, afirma que tanto el de desadjudicación como el que rechaza el recurso de reconsideración adolecen de falta de fundamento. Que, en efecto, el decreto de desadjudicación N° 6130-MV -2012, se limita a señalar la existencia de los actos de relevamiento y falta el descargo. El Decreto N° 8557-MV-2014 señala que la suscripta no habitaba la casa y que no se encontraba al día el pago de las cuotas de la vivienda. Que omiten tratar cuestiones esenciales y sustanciales planteadas y ofrecidas oportunamente, que el haber omitido tal tratamiento y consideración de 2la circunstancias invocadas y probadas por su parte constituyen un perjuicio lo suficientemente grave como para ameritar la revocación de la actora cuestionadas. Considera que mal puede dictarse una desadjudicación, ni resolver un recurso de reconsideración, omitiendo resolver prueba esencial para la defensa, tal es todo lo relativo a la enfermedad del padre, habiendo avisado y lo referente a su discapacidad.
En otro punto destaca que, la responsable de producir prueba para el caso era la Administración conforme el art. 2 inc. a) y d) y arts. 30 y 31 de la Ley Nº 5540, que debió tratar todas la cuestiones planteadas por el administrado y analizar todas las pruebas para lograr la verdad material y que, en fin, en el trámite administrativo no se aplica debidamente el principio de que manda a absolver ante la falta de prueba; ni la presunción de inocencia. Ofrece prueba y formula reserva. 2) Declarada la procedencia de la acción por Auto Interlocutorio N° 190/15 (del 13/08/15 – fs. 37/38vta) y ordenado el traslado de la demanda (fs. 41/46vta.) se presenta el Dr. Andrés Heredia en su carácter de apoderado del Gobierno de la Provincia de San Luis, con el patrocinio letrado del Sr. Fiscal de Estado y contesta demanda. Luego de realizar una negativa general y particular de cada uno de los hechos de la causa bajo el punto IV) HECHOS manifiesta que, la Sra. Tempestini habría sido adjudicada por el Gobierno de la Provincia de San Luis para la entrega de una vivienda, sobre la cual tomó posesión, pero tiempo después por motivos que se desconocen, la Sra. Tempestini deja de habitar la casa y vuelve a la vivienda de sus padres, trasgrediendo las normas que rigen la materia y en oposición al art. 10 incs. a, b y f de la Ley N° I–0802-2012. Agrega que, la autoridad de aplicación hizo importantes relevamientos en donde se puede apreciar que a dicho inmueble no lo habitaba la persona que el Gobierno había encomendado para su goce y habitación. Sostiene que la actora tampoco cumplió con la premisa de pagar el inmueble que habitaba, por lo que el acto administrativo se encuentra ajustado a derecho. Expresa que la actora deja de pagar porque supuestamente se había acogido al beneficio de estar exento de pago por discapacidad, siendo que su parte desconoce los certificados médicos. Que además dejó de pagar en 2001 y se habría acogido al beneficio en el año 2012. Por otra parte y en relación a la supuesta violación al derecho de defensa, alega que se la notificó en su vivienda y en la Localidad de San Francisco del Monte de Oro. Concluye su presentación afirmando que los actos que impugna la actora gozan de presunción de legitimidad y son conformes a la Ley Nº VI-0156-2004, que se encuentran motivados, en cuanto existen circunstancias que justifican su dictado. Ofrece prueba y formula reserva.
3) Que a fs. 48 (15/10/15) se abre la causa prueba. No existiendo prueba pendiente se clausura el periodo probatorio a fs. 70 (20/04/16), poniendo los autos a disposición de la parte para alegar. 4) Que a fs. 77/78vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General, quien se expide sobre el rechazo de la demanda. Sostiene que la actora en modo alguno se ha visto impedida de ejercer sus legítimos derechos, sino que por el contrario, no ha dado cumplimiento a sus obligaciones como adjudicatario de la vivienda, Leyes Nº I-0547-2006 y Nº I-0820-2012. 5) Que entrando en el análisis de la cuestión planteada, se comparte el criterio del Sr. Procurador General en cuanto la demanda debe ser rechazada, ello en base a las consideraciones que a continuación expondré. Que en el caso de autos, la Sra. María Gabriela Tempestini, adjudicataria de la vivienda ubicada en el Barrio Maximiliano Toro Manzana G casa 12 , impugna los actos administrativos N° 8577-MV2014, de fecha 7 de noviembre de 2014, por el cual se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por la parte actora y el N° 6130-MV-2012, de fecha 26 de noviembre de 2012, por el cual se desadjudicó la vivienda a la Sra. María Gabriela Tempestini, por considerar que adolecen de falta de fundamento, puesto que, omiten tratar cuestiones esenciales y sustanciales planteadas y ofrecidas oportunamente y con el entendimiento que el haber omitido tal tratamiento y consideración de las circunstancias invocadas y probadas por su parte constituyen un perjuicio lo suficientemente grave como para ameritar la revocación de los mismos. Así planteados los hechos, surge que la cuestión sobre la que corresponde dictar pronunciamiento es justamente si los Actos Administrativos impugnados adolecen de algún vicio que los nulifique o de alguna causal de arbitrariedad que conduzca a la admisión o el rechazo de la demanda.
Analizados los mismos se advierte que contrariamente a lo sostenido por la actora, dichos actos se encuentran debidamente fundados. En efecto, el Decreto N° 6130-MV-2012, Acto administrativo por el cual se desadjudicó la vivienda, encuentra su motivo en las actuaciones propias de la parte, conforme surge de la documental acompañada. Del Expte. Adm. N° 0000-2009-019408, surge tal como la actora lo manifiesta en la demanda, que acompañó una nota dirigida a la Jefa de Programa de Vivienda Dra. Vivian Miotti, de fecha 31 de Marzo de 2009, en la cual expresa que por razones de salud de su padre, domiciliado en San Francisco del Monte de Oro, debe ausentarse de su vivienda, dejando al cuidado de la misma a la Sra. Carolina Andrea González, acompaña certificado médico expedido por el Dr. Rubén Augusto Sabelli y a fs. 9 de dicho Expte. obra el informe del Área de Archivo de Ministerio de Progreso del que surge que la titular de la vivienda es la Sra. Tempestini, sin que se advierta la existencia de ningún otro trámite de relevancia. Hasta aquí los dichos de la actora se condicen con los hechos de la causa, sin embargo del Expte Adm. N° 0000-2010-019403 surge que en fecha 18 de marzo de 2010, el Sr. Cristian O. Gómez eleva una nota la Jefe de Programa Vivienda solicitando se evalúe su situación, ya que desde el mes de agosto del 2009 alquila una vivienda social del Barrio Maximiliano Toro, Manzana G casa 12, y que motiva su pedido los controles que están realizando respecto de las inspecciones a las viviendas sociales. A fin de acreditar sus dichos acompaña comprobantes de pago de servicios y seis recibos de alquileres firmados por la Sra. Tempestini. También surge de dicho Expte que la adjudicataria no se encuentra al día con el pago de sus obligaciones, siendo la última cuota pagada la con vencimiento el día 20/11/01 (fs. 25/26), sin que obre presentación alguna que justifique este incumplimiento desde la época en que se habría producido. Realizadas las pertinentes inspecciones (fs. 33) y expedidos los correspondientes informes (fs. 29/31, 36/37, 42, etc.) que fueron debidamente notificados (38/40 y 61/63), se emite el Decreto N° 6130-MV-2012, el cual subsume que el caso queda en las disposiciones establecidas en el art. 11 de la Ley N° I-0802-2012, el que dispone “…DETECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS. EFECTOS.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones enumeradas en el art. 10 y/o el falseamiento u ocultamiento de los datos que hubieran servido de base para la adjudicación o los que sean proporcionados con posterioridad, dará lugar a la rescisión del contrato por culpa del adjudicatario, la desadjudicación del inmueble, la pérdida de las sumas de dinero abonadas y las mejoras introducidas en aquél, debiendo restituirlo en perfecto estado de conservación al Estado Provincial, imputándose las sumas abonadas en concepto de valor de uso, sin derecho a reclamo alguno sobre las mismas. La Autoridad de Aplicación iniciará de oficio el procedimiento de desadjudicación del inmueble cuando tome conocimiento, por cualquier medio, de los extremos que configuren la correspondiente causal, sin que la denuncia efectuada por un particular configure derecho alguno a su favor. La rescisión del contrato por cualquier causa por parte del adjudicatario producirá los efectos previstos en los Párrafos precedentes. 4 La Autoridad de Aplicación reglamentará el procedimiento tendiente a la desadjudicación, el que se guiará por pautas de celeridad y economía procesales, con estricto respeto del derecho de defensa…” Por su parte el art. 10 establece que “…El adjudicatario del inmueble, asume las obligaciones que a continuación se establecen: a) Ocupar el inmueble en forma efectiva, conjuntamente con el grupo familiar declarado, dentro del plazo máximo de QUINCE (15) días posteriores a su entrega. Constatado el 6incumplimiento, la Autoridad de Aplicación iniciará el trámite de desadjudicación; b) Habitar el inmueble con su grupo familiar por el término mínimo que fije cada plan habitacional, resultando inadmisible en ese lapso transferir, ceder, arrendar, dar en préstamo por cualquier título, constituir cualquier derecho de uso y/o goce a favor de terceros sea en forma gratuita u onerosa, total o parcialmente el inmueble adjudicado; c) Mantener el inmueble en perfecto estado de uso, conservación y salubridad, comprobables por la Autoridad de Aplicación; d) Abonar en tiempo y forma impuestos, tasas y contribuciones, ordinarias y extraordinarias, creadas o a crearse por el Estado Provincial, que recaigan en el inmueble; e) Permitir la inspección del inmueble cuantas veces la Autoridad de Aplicación estime conveniente, oportuno y necesario; f) Pagar en tiempo y forma el precio convenido. Cada plan habitacional establecerá qué cantidad de cuotas impagas, alternadas o consecutivas, dará lugar a la desadjudicación, como así también el interés aplicable por mora en los servicios de amortización; g) Las demás que se determinen en el contrato de adjudicación…” De todo lo expuesto, se advierte que el acto administrativo se encuentra debidamente fundado, en tanto se han constatado y acreditado las causales de desadjudicación en las que incurrió la Sra. Tempestini previstas en el art. 10 inc b) que en su primer párrafo establece que debe Habitar el inmueble con su grupo familiar por el término mínimo que fije cada plan habitacional, pues según lo analizado en la prueba acompañada la Sra. Tempestini no habitaba el mismo e inclusive no instó los trámites necesarios para obtener beneficios que le pudieran corresponder en caso de tener que ausentarse de la vivienda, tal como ella manifiesta. Ello surge del informe obrante a fs. 84 del Expte. N° 0000-2010- 19403 que en su párrafo 10 dice “…Cabe aclarar que la nota de fs. 1 que menciona la Sra. Tempestini, si bien no fue resulta por este programa, se hubiera otorgado plazo de un año para no habitarla, previa constatación de la situación habitacional de la vivienda, solicitud que no fue seguida por la solicitante…” Y continua diciendo “… resultando inadmisible en ese lapso transferir, ceder, arrendar, pues si bien la parte desconoce la autenticidad de los recibos de alquiler, nunca produjo la prueba que le hubiera permitido acreditar la supuesta falsedad alegada, debiendo quedar previamente aclarado que al haber invocado el hecho de ilegitimidad, le correspondía acreditar los extremos invocados.
Pues como bien sostiene la Jurisprudencia “…En la generalidad de las causas contencioso administrativas, la Corte, ante la escasa actividad probatoria de las partes, ha resuelto y resuelve los procesos aplicando el derecho vigente a los hechos efectivamente probados. Según es doctrina y práctica habitual y reiterada, recae sobre el actor la carga de la prueba de las circunstancias fácticas en que afirma su pretensión, particularmente cuando se trata de procesos impugnativos, dada la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos…” (Suprema Corte de Justicia, Buenos Aires; 06-set-2006; V. F. A. vs. Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires s. Demanda contencioso administrativa ; RC J 4452/16 www.rubinzalonline.com.ar ) Y continua “…dar en préstamo por cualquier título, constituir cualquier derecho de uso y/o goce a favor de terceros sea en forma gratuita u onerosa, total o parcialmente el inmueble adjudicado.” También incurrió en el incumplimiento de lo establecido en el inc. f) Pagar en tiempo y forma el precio convenido. Cada plan habitacional establecerá qué cantidad de cuotas impagas, alternadas o consecutivas, dará lugar a la desadjudicación, como así también el interés aplicable por mora en los servicios de amortización. Según las constancias de fs. 25/26, 51/52, 115/116.- Pues, solo resta señalar que como bien sostiene Marienhoff en su obra Tratado de Derecho Administrativo “la causa” del acto administrativo está constituida por los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que justifican su emanación… la causa de un acto no radica en la voluntad del sujeto, sino en la norma. (págs. 267/268)…” la causa del acto aquí impugnado radica en la norma precitada y en los incumplimientos realizados por parte de la actora, adjudicataria de la vivienda. Con relación a la Resolución N° 8577-MV-2014, entiendo que la misma se encuentra debidamente motivada, pues por ella se rechaza el recurso de reconsideración que cuestiona el Decreto N° 6130-MV-2012, por considerarlo infundado. Por otro lado, la Resolución N° 8577-MV-1014 advierte la persistencia por parte de la actora en el incumplimiento en relación al pago de la cuota (fs. 115/116), por lo que no considero que deba ser revocado.
En virtud de todo lo analizado, es que corresponde el indefectible rechazo de la demanda interpuesta por la Sra. Tempestini, toda vez que los actos administrativos por ella impugnados son actos administrativos perfectos, que contienen motivo de hecho y de derecho que han sido debidamente notificados a fin de garantizar el derecho de defensa en respeto del debido proceso, resaltando que “…En las decisiones o elementos discrecionales de los actos que dicta la Administración, la obligatoriedad de la motivación obedece a dos razones fundamentales. La primera, permite deslindar la discrecionalidad de la arbitrariedad, ya que al no haber motivación el acto administrativo aparece, en el mundo jurídico, como un producto de la sola y exclusiva voluntad del órgano que lo dicta, lo que resulta incompatible con el Estado de Derecho, que es gobierno del derecho y no de los hombres. La segunda razón, tiene que ver con la tutela judicial efectiva y, más precisamente, con la garantía de la defensa (art. 18, Constitución Nacional), pues si el acto no se encuentra motivado, el particular se halla impedido de ejercer las facultades que integran el llamado debido proceso adjetivo (derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada).
Es así que la Administración se encuentra obligada a proporcionar en el acto administrativo objetado, las razones por las cuales optó por una decisión entre dos o más posibles. En rigor, la motivación de las decisiones discrecionales es una garantía que hace al cumplimiento de los fines de interés público que persigue la Administración y que deben exteriorizarse al momento de emitirse el acto administrativo…” (Superior Tribunal de Justicia, Santiago del Estero; 03-oct-2013; Coronel, Sergio Gustavo vs. Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP) s. Acción de amparo; RC J 18421/13 www.rubinzalonline.com.ar ) Por lo expuesto, VOTO a esta PRIMERA CUESTIÓN por la NEGATIVA. Los Señores Ministros, Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ y LILIA ANA NOVILLO, comparten lo expresado por el Sr. Presidente, Dr. OMAR ESTEBAN URÍA y votan en igual sentido a esta PRIMERA CUESTIÓN.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. OMAR ESTEBAN URÍA, dijo: Que conforme se ha votado la cuestión anterior, corresponde: Rechazar la Demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la Sra. María Gabriela Tempestini en todas sus partes. ASÍ LO VOTO.- Los Señores Ministros, Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ y LILIA ANA NOVILLO, comparten lo expresado por el Sr. Presidente, Dr. OMAR ESTEBAN URÍA y votan en igual sentido a esta SEGUNDA CUESTIÓN.- A LA TERCERA CUESTIÓN, el Dr. OMAR ESTEBAN URÍA, dijo: Que en relación a las costas, se imponen las costas a la vencida (art. 68 ss. y cc. CPC y C.). ASÍ LO VOTO.- Los Señores Ministros, Dres. HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ y LILIA ANA NOVILLO, comparten lo expresado por el Sr. Presidente, Dr. OMAR ESTEBAN URÍA y votan en igual sentido a esta TERCERA CUESTIÓN.- Con lo que se da por finalizado el acto, disponiendo los Sres. Ministros la Sentencia que va a continuación: San Luis, nueve de febrero de dos mil diecisiete.-
Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: I) Rechazar la Demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la Sra. María Gabriela Tempestini en todas sus partes.- II) Costas a la vencida.- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.- La presente Resolución se encuentra firmada digitalmente por los Dres. OMAR ESTEBAN URÍA, HORACIO G. ZAVALA RODRÍGUEZ y LILIA ANA NOVILLO, en el sistema de Gestión Informático del Poder Judicial de la Provincia de San Luis, no siendo necesaria la firma ológrafa, conforme Reglamento Expediente Electrónico
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