SÍNTESIS.- En el caso, la Alzada resolvió desestimar el recurso de apelación interpuesto por la recurrente contra la sentencia de la instancia anterior, que había rechazado la medida cautelar solicitada. La medida cautelar pretendía suspender los efectos de una resolución administrativa por medio de la que se dispuso la exclusión del contribuyente en el régimen simplificado y su incorporación en el régimen general. Para así resolver la Cámara sostuvo que para la procedencia de las medidas cautelares es necesario la configuración de dos requisitos, a saber: verosimilitud en el derecho y peligro en la demora (vide art. 230 del C.P.C.C.N.), destacando que en el caso de cuestionarse la legitimidad de actos administrativos, la configuración del peligro en la demora implica una severa apreciación de los hechos de la causa, dado que rige plenamente la presunción de validez de los actos administrativos. En este punto, la carga de la prueba de un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior le corresponde a quien solicita la medida cautelar.
“Fortunati, Sivina Hetel c/AFIP s/ proceso de conocimiento”, Sala V, C.N.A.C.F., 22/12/15
la justicia siempre, pero siempre alejadísima del común de la gente